Modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas

Podemos CM /

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es una de las herramientas fundamentales para fiscalización del gasto público. Sin embargo, dispone de una regulación muy débil en comparación con otras Comunidades Autónomas y los recientes casos de corrupción han dejado clara su incapacidad para detectar y prevenir irregularidades. Actualmente la imagen de la institución se ha visto dañada al relacionarse a dos Consejeros con la operación Lezo. Por un lado, el Presidente de la Cámara de Cuentas fue gerente del Canal cuando comenzó la expansión en Latinoamérica y fue responsable de la compra de Inassa, “fraudulenta” según el juez Velasco, una operación sobre la que Ignacio González González dijo “Eso sí que fue un pelotazo”.

En segundo lugar, Concepción Ruano es la esposa de Idelfonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González en el Canal que ha quedado en libertad bajo fianza tras la operación Lezo. Tanto su marido como su hermano participaron en el negocio de las adjudicaciones de la TDT. Con estos Consejeros no es de extrañar que se dejaran sin fiscalizar grandes focos de corrupción como el propio Canal, la agencia de informática (ICM), la Ciudad de la Justicia o Telemadrid.

Ahora es más necesario que nunca rediseñar una Cámara de Cuentas a la altura de las demandas ciudadanas, que ejerza un verdadero control sobre las finanzas públicas y que sirva para evaluar la eficacia y el beneficio social de la implementación de políticas públicas.

Esta reforma de Ley tendrá 7 puntos fundamentales:

  • Garantizar la pluralidad y la independencia de los Consejeros mediante un nuevo sistema de elección y cese.
  • Dotar a la Cámara de Cuentas de capacidad sancionadora.
  • Ampliar el perímetro de actuación a entidades mixtas regidas por derechos privado pero bajo control público (ej: Canal). Ampliar también el rango de fiscalizaciones a partidos políticos para incluir a sus fundaciones vinculadas (ej: Fundescam).
  • Ampliar las funciones para realizar informes operativos que analicen el beneficio social de políticas públicas en relación a los recursos empleados.
    Medidas de prevención de corrupción y fomento de los controles interno.
  • Detectar aumentos patrimoniales injustificados de altos cargos cargos.
  • Aumentar la colaboración con la Intervención General, Hacienda y el Banco de España.

 

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