Una Ley de vivienda para Madrid

Podemos CM /

Escrito por Marco Candela.
Publicado originalmente en Nueva Tribuna.
 
El derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada está recogido en el artículo 47 de la Constitución española, pero sin el desarrollo normativo autonómico necesario para el despliegue de las competencias que lo garanticen, ese derecho queda en papel mojado. La buena noticia es que esta anomalía legal madrileña ya tiene solución, y la tiene en la forma más democrática que permite nuestro sistema político: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Este 16 de febrero, varias organizaciones de la sociedad civil presentan en la Asamblea de Madrid, en forma de ILP, un texto titulado “Ley Urgente del Derecho a la Vivienda”. Estas organizaciones son por un lado la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que reúne a las distintas Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y demás grupos Stop Desahucios de la región; por otro lado, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid; y por último la Asociación Libre de Abogados.

El título que proponen los promotores de la ILP no es baladí; es urgente dotar a la administración autonómica madrileña de un marco legal que defina y obligue a garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada para todos; es urgente acabar con los 25 desahucios diarios que de media se producen al día en la región, dato que contrasta con el (estimado) de 300.000 viviendas vacías, un contraste que la PAH siempre ha denunciado con un lema que se oye hasta en la gala de los Premios Goya: “¡Ni casas sin gente, ni gente sin casa!”. También es urgente adoptar medidas que garanticen, aparte del acceso universal a la vivienda, el que su uso pueda hacerse en condiciones dignas y adecuadas, lo cual pasa por ejemplo por acabar con la pobreza energética.

Tampoco es baladí que la iniciativa para legislar en esta materia haya salido de la sociedad civil organizada. Ya lo hizo anteriormente por ejemplo en Catalunya, donde una ILP impulsada entre otras por las PAHs catalanas dio lugar a la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, aprobada por unanimidad en el Parlament. Antes aún, en el 2013 la PAH recaudó un millón y medio de firmas en apoyo a su ILP estatal que, de haberse aprobado, habría instituido la dación en pago retroactiva, la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y la garantía para el deudor de permanecer en su vivienda habitual en régimen de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria.

En la Comunidad de Madrid, las dos décadas de mayorías absolutas del PP han dejado por un lado un panorama desolador de vulneraciones sistemáticas del derecho a la vivienda y, por otro, una desoladora cultura política de considerar a la Asamblea de Madrid como una consejería más del gobierno autonómico, por no hablar del absoluto desdén a cualquier cauce de participación política que no sea la representativa. Tanta desolación social e institucional fue el caldo de cultivo del movimiento social más importante de nuestro país, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que lleva desde que estalló la crisis llenando las calles de solidaridad para parar los desahucios, y que ahora viene a llenar el vacío legislativo que han dejado dos décadas de gobiernos del PP en la región.

Además, esta Iniciativa Legislativa Popular no podía llegar en mejor contexto político. En primer lugar, el Partido Popular ya no tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, por lo que la ventana de oportunidades para legislar es de entrada mucho más amplia. En segundo lugar, las resoluciones recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la sentencia que declara completamente ilegales las cláusulas suelo, han venido dando la razón a todos los planteamientos de la PAH sobre las causas y consecuencias de la burbuja inmobiliaria en España. Esto, en tanto que correctivo a todos los poderes públicos españoles (legislativo, ejecutivo y judicial), aconseja mejorar la regulación de lo que debería ser el objeto de un derecho fundamental y no un mero bien especulativo. En tercer lugar y en línea con lo anterior, la opinión pública madrileña clama por un giro de 180 grados en la política de vivienda del gobierno regional, a la luz de que a día de hoy este sigue autorizando ventas de viviendas sociales a fondos buitre mientras se apilan solicitudes para acceder a las mismas por parte de quienes no pueden satisfacer esta necesidad material básica en un mercado que, pese a todo, vuelve a estar al alza.

Por último, el debate social y legislativo que genere la ILP por el derecho a la vivienda irá en paralelo al que se dé cuando el gobierno de Cristina Cifuentes apruebe el proyecto de reforma integral de la Ley del Suelo y lo remita a la Asamblea de Madrid. Por lo que conocemos a día de hoy sobre los planes del Gobierno, y conociendo el antecedente de la reforma parcial de la Ley del Suelo que se hizo por la vía rápida a iniciativa de Ciudadanos al inicio de la legislatura, cabe temer un proyecto que ahonde en el modelo de gestión del suelo que sentó las bases de la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008. Una vez más, el Partido Popular quiere convertir la Comunidad de Madrid en el laboratorio de políticas que vuelvan a poner lo que es de todos al servicio de unos pocos, con las consecuencias que ya conocemos y padecemos a día de hoy: un modelo productivo obsoleto, paro, pobreza, desigualdad, corrupción, destrucción medioambiental y pérdida de derechos para la mayoría social.

A este intento del partido de la Gürtel y de la Púnica de ahondar en el modelo que nos ha llevado a la emergencia social, la sociedad civil organizada contesta tomando la delantera y planteando la alternativa desde abajo. Lo hace con una solvencia técnica que supera la de muchos representantes electos. Lo hace con un exquisito talante democrático, siguiendo el cauce de la Iniciativa Legislativa Popular para ser la protagonista de su propuesta política. Pero lo que es más importante, es que lo hace con el más honrado y elevado fin que puede tener cualquier legislador, que es darle a la gente corriente, aquella que no tiene dinero ni poder, la única garantía de satisfacción universal de sus necesidades materiales básicas: la fuerza de la Ley y el respaldo del Estado de Derecho.